Por:Alejandro Nieva, auditor general de la Nación.
Desde la Auditoría General de la Nación venimos analizando la ejecución que el Estado lleva adelante respecto de los programas destinados a sanear la situación habitacional en nuestro país. Nuestros hallazgos han sido sistemáticos en los últimos años, dando cuenta de problemas en la calidad constructiva de las viviendas como también irregularidades en la adjudicación, situación que se reiteran en distintos programas.
En el año 2012 aprobamos un informe sobre el Programa de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat, a cargo del Ministerio de Planificación Federal. En aquella oportunidad observamos casos de viviendas habitadas sin adjudicación formal, que presentaban deficiencias en la calidad constructiva, con problemas en los revoques interiores y exteriores, rajaduras, ondulaciones, falta de plomo; problemas generalizados de deformaciones estructurales, grietas y rajaduras en paredes, y problemas generalizados en la mampostería como grietas y marcos mal amurados. Estas falencias evidenciaban el accionar de una mano de obra poco entrenada y en proceso de aprendizaje en combinación con una guía técnica escasa por parte de las autoridades responsables del Programa.
Luego, a fines del año pasado aprobamos un informe que evaluaba la asignación de fondos públicos nacionales transferidos a la Fundación Madres Plaza de Mayo para la construcción de viviendas. Allí detectamos demoras en la rendición de cuenta, debilidad en los controles de las obras, adjudicaciones en forma directa sin sustentación legal válida e incumplimiento de las obligaciones de pago de aportes y contribuciones de la seguridad social.
Recientemente, en el mes de agosto, hemos aprobado un informe sobre el Programa Techo Digno, a cargo del Ministerio de Planificación, que buscaba disminuir el déficit habitacional a través de la construcción de nuevas viviendas y a la ejecución de obras complementarias imprescindibles para la habilitación de las viviendas. Es esta oportunidad auditamos las transferencias de fondos nacionales a provincias y municipios entre los años 2006 y 2011, realizando constataciones de los entes ejecutores de la provincia de Tucumán y de la provincia de Buenos Aires.
Observamos que la coordinación del Programa carecía de recursos humanos con formación técnica y capacitación acorde a las funciones que realizaba. El 88% de las rendiciones de cuentas correspondientes al destino dado a los fondos recibidos de la Nación por parte de los entes ejecutores, se presentó de manera incompleta; y los entes no verificaron el cumplimiento de la normativa de rendición de cuentas en relación a la emisión de facturas.