La decisión del Gobierno de negar información pública se contrapone a la Suprema Corte

Así lo aseguró el diputado provincial de la UCR, Carlos Oehler, quien además aseguró que “el nivel de ignorancia que tiene sobre las disposiciones legales, ya me hace presuponer mala intención en la sanción de este tipo de normas legales”.

En el marco de las críticas hacia el decreto reglamentario de la ley 4.444 que limita el acceso a la información estatal, los prejuicios, la escasa vocación de transparencia y la insuficiente cultura de la difusión de los actos de gobierno, han llevado a que en la provincia el acceso a la información de la cosa pública sea habitualmente un tema tabú. Por lo que la decisión del Gobierno provincial de negar esta información a cualquier ciudadano limita aún más el conocimiento de la información pública con un decreto que tiene tintes inconstitucionales.

Con respecto a este tema, hoy el diputado provincial por la UCR, Carlos Oehler, presentará un recurso de amparo de inconstitucionalidad de dicho decreto.

En este sentido, Oehler adelantó a Radio 2 que “efectivamente el día de hoy se está llevando a cabo a través de nuestros abogados patrocinantes el recurso de inconstitucionalidad ante el STJ, que es el ámbito jurisdiccional que corresponde porque así lo establece nuestra Constitución, a efectos de que se declare la insconstitucionalidad del decreto reglamentario de la Ley 4.444 que sancionó el Gobernador hace pocos días”.

“La verdad es que yo no entiendo más nada sobre qué pretende este Gobierno porque, sinceramente, lo que establece el decreto se da de cabeza contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia que efectivamente se ha transformado en lo que se conoce en la jurisprudencia como un ‘caso de referencia’ porque justamente ante la negativa de autoridades de brindar información a otros funcionarios de otro poder”, señaló. 

Asimismo, el legislador provincial aseguró que “la Justicia nacional, a través de ese fallo de la Suprema Corte, ha desechado absolutamente y de manera terminante la deslegitimización del solicitante de información como argumento para negarla. Sin embargo, en este decreto se insiste con ese criterio y me da la sensación personalmente que el decreto lo sacó Fellner para mí personalmente, me está atendiendo de manera personal el Gobernador porque el artículo 4º establece la amplitud del derecho y dice expresamente ‘excepto para quienes tienen otros mecanismos para requerir información al Gobierno provincial’. Es decir, lo que el Gobernador nos está diciendo a todos los funcionarios del Poder Legislativo es ‘muchachos, ustedes no me pueden pedir información de manera directa, ustedes tienen que pedir un informe a la cámara, allí lo tienen que aprobar y recién les daremos respuestas si tenemos ganas’”.

“Este mismo decreto también se contrapone con fallos del propio STJ que deja en claro que inconstitucional el pago de tasas o cualquier tipo de gasto para un ciudadano que quiera requerir información del Gobierno provincial. Yo ya no entiendo a este Gobierno porque el nivel de ignorancia que tiene sobre las disposiciones legales, ya me hace presuponer mala intención en la sanción de este tipo de normas legales”.

“No sé si es ignorancia o desconocimiento porque si hay algo que ha tenido publicidad todo este tiempo ha sido justamente la sanción de la Suprema Corte donde se amplía de manera muy clara el derecho de recibir información a cualquier ciudadano. Sin embargo, el Gobernador de Jujuy, a través de este decreto se burla de la disposición de la Suprema Corte, vuelve a imponer restricciones, a contrapelo de todas las resoluciones que vienen ampliando este derecho de manera directa, así que ya no entiendo a este Gobierno provincial”, sostuvo.

Recurso de amparo

En cuanto al contenido puntual del recurso de amparo que se presentará ante la Justicia , Oehler indicó que “se están objetando algunos artículos que son los que nos parecen grotescos, por ejemplo empezamos cuestionando el artículo 10 de la propia Ley 4.444 porque entendemos que allí hay una imposición de residencia y que también se contrapone con un fallo de la Suprema Corte que tiene que ver con la igualdad de derecho, no importa dónde viva el ciudadano, después hay otros artículos que establecen la obligación de pago, la obligación de tener el certificado de residencia, la obligación de invocar una causa justificada y otros artículos que tienen que ver con esta decisión del Gobierno provincial de cercenar el derecho a la información que cada día se amplía más porque parece que el Gobernador quiere ocultar desesperadamente todo lo que han hecho en gestión de gobierno”, finalizó.

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