El ataque había sido perpetrado en julio de 2014, ante una increíble actitud pasiva de un móvil policial, que a pocos metros de distancia parecía custodiar el ataque. Casi un año después, la Justicia avanza en la imputación de los protagonistas de aquella noche.
A raíz del ataque que sufriera la fachada de la sede partidaria en julio del año pasado por parte de personas no identificadas y que habría contado con la complicidad policial, el Comité provincia de la UCR presentó, en su momento, una denuncia respaldada por un video registrado por las cámaras de seguridad ubicado en San Martín 172 de Capital.
El organismo partidario formuló denuncia por “asociación o banda integrada por diez o más individuos destinada a cometer delitos, daños, instigación a cometer delitos, incitación a la violencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la Policía de la Provincia encargada de la seguridad y el orden, y/o quien resulte responsable”.
Consultada en relación a los avances en la causa, la asesora legal de la UCR, Fernanda Yapur sostuvo que, por requerimientos del Fiscal de Investigación, Gustavo Arraya, 5 imputados fueron citados a juicio "en virtud de los daños provocados a la fachada del comité provincia y a la fachada también de la casa vecina al comité donde vive una persona mayor".
"Se han valorados las pruebas y de allí surgió que los daños provocados fueron a través de una camioneta que estaciona frente a la fachada del comité, en la caja iban 10 personas, luego otra camioneta, detrás de la primera estaciona también con 10 personas más que bajan a provocar daños tanto en la casa vecina como en la fachada del comité. Fueron acompañados por un móvil policial del cuerpo de protección ciudadana de la Policía de la provincia", refirió.
En ese sentido, amplió: "De los 5 imputados , dos civiles serán imputados por daños a la fachada del comité y 3 que son policías que acompañaron pasivamente custodiando a estas camionetas sin hacer absolutamente nada".
Los uniformados serán citados a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público.